El 8 de mayo de 1987, Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, jóvenes del barrio Ingeniero Budge, de la Provincia de Buenos Aires, fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. A partir de entonces, familiares y vecinos de las víctimas se organizaron para pedir justicia por estas tres víctimas de —lo que más adelante se conocería como— gatillo fácil. El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue contemplado por la Ley 26.811, sancionada y promulgada entre noviembre del 2012 y enero de 2013, la cual instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

Se entiende por "violencia institucional" toda aquella práctica que implique un abuso, omisión de un reclamo o impedimento del pleno ejercicio de un derecho por parte de una determinada institución pública, principalmente de las órbitas de seguridad, salud y justicia, sobre la ciudadanía. Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan consentimiento) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción, etc.).

Abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta las formas extremas de violencia como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica. La criminalización de la protesta social, de la actividad gremial y política, la discriminación, la estigmatización social y mediática de la pobreza, de comunidades e identidades, habilitan a la violencia institucional.