Alejandra Gils Carbó es reconocida por generar procesos de transformación de lo que se entiende por la idea de Justicia, haciendo hincapié en aspectos sociales y comunitarios con base en un enfoque de derechos humanos y género. 

 

Una de las acciones que se destacan es la creación del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia en 2014. Los espacios de atención de ATAJO buscaban acortar distancias y simplificar procedimientos judiciales para fortalecer los canales de comunicación entre la Justicia y la comunidad. La resolución que le dio vida destaca como objetivo fundamental el de “contribuir para que el sistema de administración de justicia llegue a los ámbitos de nuestra sociedad históricamente relegados como paso inexorable en el proceso de profundización democrática que atraviesa nuestro país desde hace ya más de tres décadas”. 

 

En 2012 la ex procuradora ordena perseguir a los autores de delitos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. A través de un documento elaborado por la Unidad Fiscal para las causas de lesa humanidad proporciona pautas de actuación a los fiscales. Crea el programa “Políticas de Género” para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el “acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de los derechos en juego”. La resolución de la procuradora ordena a los fiscales de todo el país que actúan en causas por delitos de lesa humanidad que implementen las directivas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

 

Asimismo, en 2012 la Dra. Gils Carbó aprueba mediante la resolución PGN 398/12,  el "Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado" elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado e instruyó a los fiscales de todo el país para que ajusten su actuación a las pautas fijadas en el documento. Mencionó, a modo de ejemplo, la necesidad de presenciar los actos en los que se procura la obtención de ADN (audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, entre otros).

 

“Estas decisiones tomadas por Gils Carbó forman parte de una política sostenida en el tiempo por quien fuera Procuradora General de la Nación entre 2012 y 2017, plasmando en diversos programas su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y por su lucha por construir una justica con perspectiva y equidad de género”, señaló la responsable del área de Género y Diversidad Sexual Florencia Bugnone.

 

Recordamos que recientemente la Municipalidad de Gualeguaychú adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela” la cual ordena la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado Municipal. Además la ordenanza N°12.346/2019 establece el programa municipal de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen como dependientes de la Municipalidad de Gualeguaychú, en todos sus niveles y jerarquías.