Esta nueva ley reemplaza la 22.909 (1983), y actualiza la regulación para garantizar nuevos controles y darle al Estado la responsabilidad de mantener actualizado el calendario de vacunación y promover su efectivo cumplimiento.

Esta ley declara “la vacunación de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción".

En su artículo 2 dicha ley entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. Se la considera como bien social y se establece la gratuidad en el acceso a los servicios de vacunación con equidad social para todas las etapas de la vida; la obligatoriedad de aplicarse las vacunas para para todos los habitantes; y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular, entre otros principios.

Esta nueva ley reafirma a la vacunación como una política de Estado, donde las vacunas siguen siendo gratuitas y obligatorias. A esto se agrega que el Estado Nacional es el responsable de adquirir los insumos necesarios para el desarrollo de la vacunación y proveerlos a las 24 jurisdicciones.

36 artículos comprenden la nueva ley promulgada el 4 de enero de este año, la cual da un marco claro y objetivo de trabajo, en materia de organización y garantía de derecho.

Pero nada ha cambiado, y transitando la segunda quincena del mes de febrero de 2019 se continúa con la serie de peregrinares por partes de las familias y los equipos de gestión de salud para conseguir las dosis correspondientes.

Desde complicaciones en conseguir dosis de la triple bacteriana acelular –que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa–, por discontinuidad de entrega a la falta total de la antimeningocócica, cuya aplicación a los niños y niñas de 11 años fue suspendida por las autoridades nacionales en agosto del 2018 informando ciertas dificultades en la adquisición y entrega, sin que a la fecha la situación se haya subsanado y faltante de Sabin.

En la actualidad nuestros vacunatorios municipales, como en provincia no cuentan con dosis de vacuna antimeningococica, aun para los niños priorizados de 3, 5 y 15 meses y frente a ingreso escolar para niños de 5-6 años la provisión de triple bacteriana celular es escasa y tampoco hay dosis

Generalmente frente a la falta de vacunas los equipos técnicos de asesores priorizan a los grupos de mayor riesgo, pero esa priorización atenta contra la calidad del esquema de vacunación el cual era de orgullo nacional frente al resto de los países del mundo en años anteriores… esplendor y orgullo que entra en zona de riesgo; porque discontinuar un esquema de vacunas genera un gran impacto no solo en la población sino también en el equipo de salud. Bajan las coberturas necesarias para mantener la inmunidad colectiva, inmunidad que es fundamental; no solo para evitar la propagación de enfermedades sino por la protección que otorga a aquellos ciudadanos que por diferentes condiciones de salud no pueden recibir ciertas dosis de vacunas.

Las bajas coberturas de vacunación son extremadamente difíciles de recuperar y la ciudadanía en general pierde la confianza en nuestro sistema de salud cuando no encuentra respuestas frente a una demanda a derecho y se corre el riesgo de la aparición de casos de enfermedades que están controladas, con la posibilidad de nefastas consecuencias para la población, de lo cual hay suficiente evidencia científica.

En la actualidad la ley de vacunas por sí misma no logra garantizar el esquema; y esta misma ley prevé que el responsable de garantizarlo es Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que debe generar la previsión y las compras necesarias para que todos los ciudadanos gocen del derecho previsto.

Solo aquellos padres cuyo capital económico les permite y hasta quienes no tienen el suficiente - pero entendiendo la necesidad en materia preventiva y la seguridad que aportan las vacunas- optan por suplir el rol del estado y adquirir en farmacias las vacunas faltantes; para lo cual aportan sumas que superan los $3000 en función de dar a sus hijos la protección que por derecho corresponde.