El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que formaliza la adhesión del Gobierno de Gualeguaychú al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de la provincia de Entre Ríos, bajo el marco establecido por la Ley n.º 11.162. Paralelamente, la nueva normativa dispone la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG), una herramienta local diseñada para promover la radicación, ampliación y desarrollo de proyectos productivos, industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos, logísticos, culturales y de servicios dentro del ejido municipal.
La iniciativa legislativa complementa los lineamientos de la gestión del presidente municipal, Mauricio Davico, orientados a generar mejores condiciones para el crecimiento del sector privado, dotando a la ciudad de reglas claras y previsibilidad para el desarrollo de unidades productivas existentes y de futuros emprendimientos.
El punto central del RINIG establece que las empresas que decidan instalarse en la ciudad contarán con un plazo de gracia de hasta diez años con exenciones promocionales que reducen la carga tributaria local a cero en conceptos específicos. Entre los incentivos aprobados se destacan:
- Exención del cien por ciento (100%) en la Tasa por Actuaciones Administrativas.
- Exención total de los derechos de edificación para las nuevas instalaciones.
- Exención de hasta el cien por ciento (100%) en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.
Asimismo, el marco regulatorio contempla un beneficio adicional de hasta tres años sobre la tasa de higiene urbana para aquellas industrias que se ubiquen en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), permitiendo alcanzar un plazo máximo acumulado de trece años de exención tributaria.
Para acceder a las facilidades que otorga el RINIG, los solicitantes deberán tramitar su incorporación ante la Dirección de Rentas municipal, que actuará como la autoridad de aplicación de la norma. La evaluación de cada proyecto se realizará considerando parámetros específicos como la magnitud de la inversión, el cuidado del medio ambiente y, de manera fundamental, la generación de empleo genuino mediante la participación de mano de obra local. Por su parte, las empresas beneficiarias tendrán la obligación de acreditar regularidad fiscal, cumplir con las normativas laborales vigentes y mantener activa la actividad comprometida durante todo el período del beneficio.